Con una nueva ley sobre la Formación Profesional ratificada recientemente en el Senado, parece que el futuro modelo de FP dependerá de nuevo de los designios que los gobiernos autonómicos tengan a bien plantear. Sirva de ejemplo la reincidencia en la deriva del gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de eliminar los conciertos educativos que algunos centros recuperaron tras sentencia del Tribunal Supremo en el año 2017. Todo ello en favor de un sistema, fundamentalmente privatizador, que desde su Consejería de Educación trata de imponer el modelo de cheque escolar a los futuros alumnos de FP. Un modelo de cheque que no redunda en la mejora de la calidad educativa y que desincentiva el acceso de los profesionales a la docencia ("School vouchers are not a proven strategy for improving student achievement" Economic Policy Institute).
La nueva ley de FP, ampliamente debatida en el Congreso, aunque no en el Senado (no se aceptó ninguna de las más de 300 enmiendas presentadas), parte con el handicap habitual según el cual la supervivencia y mejora de la calidad de los centros educativos de FP dependará de los líderes políticos de turno de cada comunidad. Parece que seguiremos arrastrando la falta de inteligencia estratégica entre aquellos que solo buscan hacer negocio, aún a costa de las familias y jóvenes con escasez de oportunidades académicas; y esos otros que solo contemplan la financiación de la oferta pública desmereciendo la labor social y educativa que, durante décadas, vienen realizando multitud de centros concertados en todo el país. Porque, ¿cuál es el mejor modelo de Formación Profesional que tenemos en España? Pista: Lanbide Heziketa.
Son muchas las razones para mantener y auspiciar un modelo de colaboración entre centros públicos y concertados que no vaya en detrimento de la calidad educativa, que garantice la validez de los títulos obtenidos, que respete las condiciones laborales del profesorado, que favorezca la difusión del conocimiento acumulado por la experiencia educativa y que permita tener una oferta de títulos asequible para todos los estudiantes. Porque la libertad de elección finaliza en el momento en que hay un solo alumno que no puede acceder a un ciclo por motivos económicos; que dependa su matrículación de la posible concesión de un cheque que no sufraga la mayoría del importe de las tasas académicas sin tener en cuenta otros gastos adicionales (libros, transporte, material...); o que base su elección en cuantiosas y seductoras campañas de marketing.
Ojalá la nueva ley de FP se convierta en esa moderna norma que, con un amplio apoyo presupuestario, logre modernizar los centros educativos, sus títulos e instalaciones; a la vez que toma medidas para actualizar al profesorado ante los retos que presenta la digitalización de la economía y un incierto panorama político internacional. Espero que esta ley, que tanto apuesta por la flexibilización, no acabe por quebrar los derechos alcanzados ni se transmute hacia un mero expedidor de certificados de todo tipo y simple amplificador de horas de FCT. Eficiencia, inversiones y desburocratización es lo que demandan los centros y su profesorado.
Sin duda, la nueva ley, aún por publicar en el B.O.E., debe insistir en los razones que tiene la existencia de la Formación Profesional para con TODO su alumnado: permitir su desarrollo personal, inserción laboral y preparación para un complejo futuro profesional que deberán afrontar. Argumentos de peso para los partidos políticos que, de una vez por todas, debieran ser congruentes con sus discursos y preocupación por la juventud. La cooperación, y no la competición desbocada, es el medio y el objetivo de una política educativa transformadora e inclusiva. Estamos a tiempo, no todo es la pasta.
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