Llueve hoy por esta tierra, la Comunitat Valenciana, y toca mojarse. Nunca he entendido esas ganas de enfrentamiento o discriminación que, desde algunos sectores o partidos políticos, se fomenta entre la educación pública y la privada (concertada o sostenida con fondos públicos); ya sea para denostar o relegar a los centros públicos o a los privados.
Comprendo, como docente de Formación Profesional de un centro de educación concertada, que la mayoría de funcionarios y amplios sectores de la población exijan una mejora de los recursos y una dignificación de la educación pública como garante de un derecho universal de nuestros niños y jóvenes. Entiendo que se mire de reojo a muchos centros concertados que parecen disponer de más recursos con el esfuerzo de las asociaciones de madres y padres o las infraestructuras heredadas de anteriores épocas.
Sin embargo, sin entrar a debatir sobre el derecho a la libertad de enseñanza, ni en los artículos de la Constitución Española o en las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, me parecen totalmente injustas y discriminatorias ciertas medidas que la actual administración educativa valenciana llevan a cabo cuando se proponen ayudas y proyectos que solo contemplan su ejecución en centros públicos. Estamos hablando de ayudas que debieran llegar por igual a todo el alumnado, independientemente de la titularidad del centro educativo donde estudian; alumnos que no tienen culpa alguna de las discrepancias ideológicas de los gobiernos de turno y que merecen ser atendidos con los mismos recursos y oportunidades.
Pongo como ejemplos el programa para dinamización de las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura del actual curso o la futura Red 'Novigi' de centros educativos innovadores en FP que solo contemplan la participación de centros públicos. ¿No es posible la colaboración entre centros educativos de distinta titularidad? ¿No se pueden aprovechar sinergias que redunden en la mejora de las prácticas docentes, metodologías o actualización del profesorado? ¿No debieran tener los alumnos de todos los centros educativos las mismas herramientas y recursos para la mejora de su aprendizaje?
Se gobierna para todos y no hay derecho a que no se respeten los principios de igualdad, así como el trabajo que se hace desde los centros educativos pensando siempre en el beneficio del alumnado a través de la obtención de mayores recursos con los que ofrecer una formación actualizada sin que ello suponga un desembolso para las familias, un quebranto para los centros o una mayor presión laboral para el profesorado de estos centros.
Tras casi dos décadas en la Formación Profesional, puedo afirmar que muchas de las sinergias que se activan y provocan cambios, vienen dadas por parte de personas que por su carácter, motivación, bagaje o aptitudes personales, saben conectar y compartir sus conocimientos; todo ello sin importar el centro donde ejercen y sin estar preocupados por la condición laboral o afiliación ideológica de otros colegas. Ya es hora de aparcar esas diferencias por parte de nuestros dirigentes políticos; contar con todos los actores y acordar medidas que redunden en el beneficio de todos los estudiantes, y, sobre todo, de aquellos que más lo necesitan.
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